Consolidación institucional (1968-1972)

Una nueva fase se inició con la Ley 1ª de 1968, introduciendo modificaciones a la Ley 135 de 1961 sobre Reforma Social Agraria, como intento del Estado de intensificar los procedimientos para afectar la tenencia de la tierra. Se abre paso a la extinción de dominio por vía administrativa de las tierras inadecuadamente explotadas, a la entrega de la tierra a los aparceros que la estuviesen trabajando, así como a la institucionalización de la interlocución campesina con el Estado, a través de la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (Machado y Suárez, 1999)

No obstante, el objetivo de dotar de tierras a los arrendatarios y aparceros no se cumplió del todo. Por el contrario, los propietarios de tierras desalojaron a los campesinos para evitar que éstos solicitaran su adjudicación, o bien iniciaran reclamaciones por el pago de mejoras realizadas por ellos en los predios, de forma similar a lo ocurrido con la Ley 200 de 1936 (Mondragón, 2001). Otras problemáticas en este período fueron la violencia en el campo por parte de las guerrillas y grupos paramilitares y la siembra de cultivos ilícitos (Palou, 2008).

Pulecio (2006) menciona que la conjunción de campesinos sin tierra y de aquellos con ideologías de izquierda, dio origen a movimientos armados en defensa de sus ideales. Por otra parte, en los años sesenta y debido a la pobreza vivida en el campo, los campesinos iniciaron un nuevo negocio: se efectuaron las primeras plantaciones ilícitas de marihuana en zonas de la Costa Atlántica, donde se desarrolló una clase social adinerada que empezó a demandar tierras como procedimiento para el lavado de activos y ampliar la siembras, esta vez de hoja de coca y amapola, para la producción de cocaína y heroína. La expansión de los grupos armados al margen de la ley y el aumento de los cultivos ilícitos provocaron, de nuevo, la concentración de la propiedad o latifundización (Palou, 2008).

 

En esta fase, por primera vez, se considera de gran importancia la opinión de los campesinos, por parte del Estado. La nueva forma de la estructura agraria no sólo contempló al campesino como un factor o elemento, sino también como un actor que expone sus puntos de vista. Así lo manifestó el Estado al evaluar la aplicación de esta ley durante una década y concluir que se debía mejorar la regionalización de los objetivos y programas e incrementar la participación campesina (Balcazar et ál., 2001, Lavandez, 2004).