Impulso institucional hacia el mercado de tierras (1988-1993)

En este período, la acción del Incora se vio favorecida por medidas del Estado, a través de la Ley 30 de 1988, tales como la ejecución coordinada de distintos programas con entidades públicas, la creación de zonas específicas de reforma agraria, construcción de obras de infraestructura vial para acceder a dichas zonas, creación del Fondo de Capacitación y Promoción Campesina, avalúo de los predios por parte del IGAC —para determinar su valor comercial— e incremento de los recursos económicos del FNA (Mondragón, 2001).

En estos años se registró la mayor dinámica de adquisición de tierras en modalidad de compra por parte del Incora; sin embargo, este comportamiento fue atribuido a causas negativas. Según Palou (2008), esa tendencia creciente en la adquisición de tierras se explica por los incentivos para las transacciones a los que podían acceder los funcionarios públicos y muchos terratenientes deseosos de vender predios improductivos. La expropiación de terrenos baldíos disminuyó y dio paso a la compra masiva de tierras; ambas acciones, no obstante, encaminadas a la redistribución de la tierra. El concepto de RA cambió en esta fase y se comportó como un mecanismo para afectar la estructura agraria, no mediante la acción de expropiación y redistribución de terrenos baldíos, sino a través de la compra institucional de tierras y su redistribución a los campesinos beneficiados.