Restructuración institucional (1983-1987)

El Incora adquirió nuevos objetivos, ubicados en un contexto de guerra en el campo, como la pobreza y el desplazamiento forzado. A través de la Ley 35 de 1982, o “Ley de Amnistía”, se autorizó a la institución (RA) para negociar y comprar tierras con precios inferiores al avalúo comercial fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pero efectuando el pago en un menor plazo (Benítez, 2005). También debía ampliar y reforzar programas de adquisición y dotación de tierras, obras de infraestructura, programas agropecuarios de fomento, vivienda, crédito, asistencia técnica, capacitación y organización campesina, dirigidos a beneficiar familias asentadas en los municipios seleccionados por el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), como programa de la Presidencia de la República con el objetivo de generar hábitos de convivencia pacífica entre el Estado y la población, y cuyas funciones estaban centradas en promover la participación ciudadana, desactivar los factores de violencia, llevar a cabo acuerdos de paz con los grupos armados al margen de la ley y emprender acciones para fortalecer la cultura, el respeto por los derechos humanos y la igualdad (Fajardo, 2002, Palou, 2008).

El concepto de RA en esta fase resalta el interés de dar nueva forma al factor humano, que en esos momentos presenta una profunda crisis. El factor institucional actúa como instrumento que afecta tanto la distribución de la tierra como los problemas sociales del momento, articulados a planes propuestos por el Gobierno y que presentan afinidad con las funciones institucionales en tema de tierras. Este último elemento también se comporta como un conector al contexto y a las medidas políticas que propone el Estado como solución a los problemas presentes.